RDL 5/2021 Ayudas directas a empresas y autónomos

RDL 5/2021 Ayudas directas a empresas y autónomos

sábado 13 de marzo de 2021
RDL 5/2021 Ayudas directas a empresas y autónomos

Con la aprobación de este Real Decreto Ley,  se articula un conjunto de medidas para movilizar una inversión pública de hasta 11.000 millones de euros en torno a cuatro líneas de actuación. También afecta a plazos concursales, nuevos aplazamientos COVID y coordinación con entidades bancarias para ayudar a las empresas. 

 

Primero:  se crea una nueva Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas, para reducir el endeudamiento suscrito a partir de marzo de 2020. Con cargo a esta Línea, que contará con una dotación total de 7.000 millones de euros, se canalizarán ayudas directas a las empresas y autónomos cuya actividad se ha visto más negativamente afectada por la pandemia. Estas ayudas directas tendrán carácter finalista, empleándose para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos por ejemplo, relativos al suministro de energía y al coste de cambio de potencia, incurridos por los autónomos y empresas considerados destinatarios.

 

Segundo:  esta norma habilita al Gobierno para adoptar medidas adicionales de flexibilización de los préstamos dotados con aval público, permitiendo así que esta financiación se incorpore a los procesos de refinanciación y restructuración pactados entre los bancos y sus clientes y, por lo tanto, protegiendo la estabilidad financiera. Para ello, se crea una segunda Línea para la reestructuración de deuda financiera COVID, de 3.000 millones de euros, para permitir, como último recurso tras la articulación del resto de medidas de apoyo a la solvencia, la conversión de parte del aval público en transferencias a las empresas y autónomos más afectados por la crisis que cumplan con los requisitos establecidos por Acuerdo de Consejo de Ministros, dentro de un acuerdo alcanzado con las entidades financieras acreedoras.

 

 

Tercero: para apoyar a aquellas empresas viables pero que se enfrentan a problemas de solvencia derivados de la COVID-19 que no pueden acceder al fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones industriales (SEPI) para empresas y operaciones de mayor tamaño y necesiten un refuerzo adicional de su capital tras la articulación de las medidas previstas en los apartados anteriores, se crea un nuevo Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID, dotado con 1.000 millones de euros, que será gestionado por COFIDES, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Comercio.

 

Cuarto: se extienden hasta finales de año las moratorias para el desencadenamiento automático de procesos concursales, con el fin de dotar de un margen de tiempo adicional para que las empresas que están pasando por mayores dificultades como consecuencia de la pandemia puedan restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso. Además, se mantienen las mejoras de agilidad en el proceso concursal, mientras se completa la modernización del régimen concursal español en el marco de la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).

 

En esta misma línea, se amplía a cuatro meses el aplazamiento de deudas tributarias sin intereses y se amplían los plazos para la devolución de los créditos públicos gestionados por la Secretaría General de Industria y de la PYME.

 

De esta forma, los autónomos y empresas con sede social en territorio español, cuyo volumen de operaciones anual en 2020 haya caído como mínimo un 30 % con respecto a 2019 y cuya actividad esté incluida en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE 09– previstos en el Anexo I de este Real Decreto-ley, podrán tener acceso a ayudas directas que permitan satisfacer sus obligaciones de deuda y pagos a proveedores, acreedores financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando estas obligaciones se hubieran generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley. Se establecen los criterios para determinar las cuantías máximas de las ayudas directas y se modulan en función de la caída del volumen de operaciones entre 2019 y 2020.

 

Ayudas directas y autónomos (pendiente de desarrollo reglamentario o trámite por cada Comunidad Autónoma)

  • Cuantía destinada a las ayudas. 7.000 millones de euros.

 

  • ¿Quienes son los destinatarios? Empresarios o Profesionales del Anexo I, cuyo volumen de operaciones (IVA) del 2020 (390) haya caído un 30% respecto al del 2019. También empresarios o Profesionales en módulos (estimación objetiva) del mismo Anexo I.

 

  • Nunca serán destinatarios de las ayudas, aquéllos que a pesar de cumplir los requisitos hayan declarado un resultado negativo en su IRPF 2019 en las actividades en las que hubieran aplicado EDS, o una base negativa del IS o como IRNR, antes de la reserva de capitalización o compensación de bases imponibles negativas.

 

 

  • Serán las CCAA quienes establezcan los criterios para las ayudas al destinatario, pero en ningún caso podrán superar estos máximos:

 

  • Módulos – 3.000 euros.

 

  • Empresarios o Profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado, haya caído un 30% respecto el año 2019, la ayuda máxima que se concederá será de:

 

 

  • El 40% de la caída del volumen de operaciones respecto del año 2019 que supere dicho 30%. Máximo 10 empleados.

 

  • El 20% de la caída del volumen de operaciones respecto del año 2019 que supere dicho 30%. A partir de  10 empleados.

 

  • Se establece un mínimo y un máximo. No inferior a 4.000 euros y no superior a 200.000€.

 

  • Las CCAA deberán determinar los parámetros o requisitos para empresas creadas entre el 1 de enero de 2019 y 31 de Marzo de 2020.

 

  • Condiciones:

 

  1. No repartir dividendos los años 2021 y 2022.
  2. Mantener la actividad hasta 30 de Junio de 2022.
  3. No aprobar incrementos en las retribuciones de alta dirección durante un periodo de dos años desde la aplicación de las medidas.
  4. Las comunidades pueden aprobar otros requisitos.

 

Aplazamientos de deudas tributarias (parecidos a los del año 2020)

  • De todas aquellas liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de ingreso finalice desde el 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, siempre que reúnan los requisitos del artículo 82.2a) LGT.

 

  • No se pueden acoger grandes empresas (facturación mayor a 6.010.121,04€ en el año 2020).

 

 

  • Condiciones aplazamiento:

 

  • 6 meses de aplazamiento.
  • No se devengarán intereses de demora por los cuatro primeros meses del aplazamiento.

 

Te mantendremos informado de los próximos cambios o novedades respecto al desarrollo de esta norma y el inicio de la solicitud de las ayudas. 

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